Objetivo: construir unas 200.000 viviendas de protección oficial anualmente

Esa es la declaración de intenciones firmada entre el grupo de las grandes inmobiliarias (G-14) y la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP).
Con estas medidas, F. Martín, presidente de Martin Fadeas y del G-14, aseguró querer «anticiparse a la nueva desaceleración» que se avecina en el sector.
Así, la FEMP (que, aunque representa de forma oficial a los municipios, no tiene capacidad para dirigir sus políticas) instará a los más de 8.000 municipios a «poner la ley del suelo al servicio del mercado» en los nuevos planes urbanísticos que se desarrollen. Según los firmantes, éste sólo sería el primer paso para alcanzar un «gran pacto nacional por la vivienda» para facilitar el acceso a la misma, y que implique también al Ministerio y las comunidades.
Varias serán las medidas a tomar. En primer lugar, poner en el mercado «suelo por valor de 200.000 viviendas al año» para VPO. En segundo lugar, el compromiso de «simplificar los procesos administrativos y elminar los aspectos que entorpecen» el proceso de promoción de viviendas.

Llevando esto a la práctica, se pretende evitar que los planes de urbanismo contemplen un número específico de viviendas, pues en la actualidad «el mercado está demandando» casas más pequeñas para los nuevos tipos de familia (separados o parejas sin hijos, por ejemplo), y si los planes indican un número fijo de casas a construir constriñen la posibilidad de adecuarlas a la demanda.

En cuanto a la disposición de las entidades financieras para participar en estas operaciones, Martín aseguró que el sector financiero «apuesta» ahora por la vivienda protegida, y que el acuerdo con él para inmiscuirse en estos proyectos «no va a ser muy complicado».